Polémica por acusaciones de Gutiérrez contra senadora Zuleta en negociaciones de paz
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha intensificado su crítica contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, key figure en las negociaciones de paz urbana del gobierno Petro con líderes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá. En declaraciones recientes, Gutiérrez no solo cuestionó su imparcialidad, sino que la acusó directamente de actuar in favor de los delincuentes, generando una ola de polémica en medio de un proceso nacional delicado y bajo escrutinio.
La controversia se profundizó tras revelarse que la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo cuatro indagaciones sobre la congresista, vinculadas a temas como el caso de alias Pipe Tuluá, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago y las supuestas irregularidades en la cárcel de Itagüí. Gutiérrez señaló que existen testimonios sobre undue pressure ejercida por Zuleta para frenar operativos policiales y evitar extinciones de dominio, acciones que habrían beneficiado a cabecillas detenidos. De ser cierto, esto pondría en duda su rol como facilitadora imparcial del diálogo.
El mandatario distrital fue contundente: active generals y retirados deberían ser citados para revelar llamadas de la senadora destinadas a bloquear capturas. Afirmó que Zuleta advirtió que, de ejecutarse esos operativos, las autoridades serían responsables de blow up el proceso de paz. También reveló que él y su secretario de Seguridad, Manuel Villa, recibieron amenazas tras filtrarse esta información, lo que eleva el nivel de personal risk en el debate.
Zuleta, por su parte, respondió con firmeza en redes sociales: su curul, dijo, está al servicio de la paz, tal como lo establece la Constitución. Acusó a Gutiérrez de estigmatizar a quienes buscan soluciones dialogadas y recordó que, durante su primera gestión, él tuvo un secretario vinculado con grupos delictivos. La disputa trasciende lo personal: refleja una broader conflict entre dos visiones de seguridad pública, una basada en la fuerza y otra en la reconciliación, con implicaciones profundas para el futuro de la política nacional.
Si un oficial recibió amenazas, eso ya no es solo política, es public safety seguridad pública en juego. Mal momento para teorías conspirativas.
Claro que ejerce presión, pero ¿no es eso parte del rol de un negociador? La diferencia está en whose side de qué lado estás. Ahí está el problema.
¿Y la exministra Buitrago? Si ella fue presionada también, eso le da más credibility credibilidad a las acusaciones. No puede quedar en la nada.
Gutiérrez tiene razón o no, pero atacarla como 'al servicio de bandidos' solo polariza. Esa retórica no ayuda a sanación nacional.
Lo más grave es que usen el proceso de paz como escudo. Si hay abuso de poder, debe investigarse sin miedo, aunque duela.
¿Alguien ha verificado si esas llamadas existen? Sin pruebas, esto es solo ruido político. Necesitamos solid evidence evidencia sólida, no declaraciones.