¿Salud universal o padrón electoral?
En México, las grandes reformas suelen comenzar con anuncios grandilocuentes y terminar enfrentándose con la reality presupuestal. El reciente anuncio gubernamental para crear un sistema universal de salud, cuyo primer paso será un censo nacional acompañado de credencialización ciudadana para acceder a los programas del bienestar, parece encajar perfectamente en esa lógica: una narrativa políticamente rentable que llega justo cuando el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de las decisiones públicas.
El gobierno lo presenta como un avance histórico hacia la cobertura total. Sin embargo, visto desde la operación real del Estado, el proyecto plantea más preguntas political que certezas sanitarias. Porque el problema del sistema de salud mexicano no es saber cuántos ciudadanos existen ni identificarlos con una credencial adicional. El problema es que los hospitales están saturados, el personal médico es insuficiente, los medicamentos siguen faltando de manera intermitente y la public infrastructure no crece al ritmo de la demand .
Anunciar universalidad sin ampliar capacidades equivale a prometer acceso donde no existen condiciones materiales para garantizarlo. La decisión de iniciar con un censo y una credencialización masiva revela la verdadera prioridad del proyecto: construir un padrón centralizado vinculado a los programas sociales del gobierno federal. No se trata únicamente de salud; se trata de integrar en una sola plataforma administrativa a millones de beneficiaries del bienestar.
Y ahí aparece inevitablemente la lectura electoral. En un país donde los programas sociales representan el principal vínculo directo entre gobierno y ciudadanía, la creación de una nueva credencial que funcione como puerta de entrada a apoyos públicos fortalece la capacidad de movilización política del aparato gubernamental. La salud, así, deja de ser exclusivamente una política pública para convertirse también en una herramienta de consolidación política rumbo a los próximos procesos electorales.
Universalizar la salud es un objetivo legítimo y necesario para cualquier Estado moderno. Lo cuestionable no es la meta, sino el método. Ningún sistema universal exitoso nació de censos administrativos; todos surgieron de inversiones sostenidas, planeación técnica y acuerdos institucionales amplios. Hoy, en cambio, México parece recorrer el camino inverso: primero el registro, luego la promesa de servicio.
La interrogante central no es si el gobierno puede credencializar a millones de personas —eso es administrativamente posible—, sino si podrá atenderlas cuando ejerzan el derecho que se les promete. En materia de salud, la diferencia entre propaganda y transformación no se mide en credenciales emitidas, sino en camas disponibles, médicos y medicamentos suficientes y tratamientos garantizados.
Prometen acceso, pero mi cuñada esperó tres meses por una cita en el IMSS. La pressure presión sobre los hospitales ya es insoportable.
Primero el censo, luego el anuncio, después las elecciones. Todo encaja demasiado bien. Esto no es salud, es political strategy estrategia política con máscara de bienestar.
Tengo la credencial del bienestar desde hace dos años y nunca me ha servido para agilizar una consulta. ¿Nueva tarjeta, mismo problem problema?
Como médico de primer nivel, veo el flujo diario. Sin más personal y más recursos, cualquier expansión solo va a empeorar la quality calidad de la atención.
Suena bien en campaña, pero ¿quién va a pagar los nuevos hospitales? No pueden seguir jugando con la public trust confianza pública como si fuera moneda de cambio.
La diferencia está en los detalles: una cosa es el plan, otra muy distinta es tener camas, insumos y médicos listos cuando llegue el paciente.