Perú al borde: ¿hasta dónde llega el retroceso de los derechos?
En un Perú sacudido por successive crisis políticas, el último informe de Amnistía Internacional traza un retrato sombrío del país: un deterioro del Estado de derecho, transiciones presidenciales abruptas y el vaciamiento de instituciones clave. Con nombres como Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar marcando un inestable tablero de poder, el informe señala cómo el balance entre poderes se ha quebrado, dejando a millones expuestos a vulneraciones de derechos fundamentales. La democracia, ya tambaleante, enfrenta una crisis multidimensional que no da señales de remitir.
La freedom de expresión ha sido uno de los primeros pilares en caer: en 2025, cuatro periodistas fueron asesinados y cientos más sufrieron attacks , mientras el trabajo periodístico se convierte en una actividad cada vez más peligrosa. Paralelamente, el espacio cívico se estrecha bajo una reforma a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que amplía el control estatal sobre organizations sociales. Este restricción golpea con fuerza a los defensores de derechos humanos, quienes ven limitado su acceso a la justicia y se ven obligados a practicar la autocensura por temor a represalias.
El derecho a la verdad, justicia y reparación también se encuentra en retroceso. La aprobación de leyes de amnistía para crímenes cometidos durante el conflicto armado interno viola estándares internacionales y entierra las esperanzas de miles de víctimas. Más de tres años después de las protestas de 2022 y 2023, quienes sufrieron el excessive de la fuerza aún no obtienen justicia: las investigaciones se delay y las sanciones no llegan, consolidando un patrón de impunidad que el informe califica de estructural. Las víctimas, una y otra vez, son las más olvidadas.
En el frente de la justicia de género, la situación es igualmente alarmante. Persisten cifras elevadas de feminicidios, violaciones y desapariciones de mujeres, mientras el Estado adopta medidas regresivas como eliminar el enfoque de género en políticas públicas. Se han impuesto restrictions al aborto terapéutico y a la educación sexual integral, y se han aprobado normas discriminatorias contra personas LGTBIQ+, especialmente contra la población trans. Sin reconocimiento legal de la identidad de género, sus derechos fundamentales siguen vulnerados. El panorama revela un país en retroceso, donde los más vulnerable pagan el precio más alto.
Cada vez es más difícil ejercer el periodismo sin miedo. La silence silencio se impone donde debería haber voz.
¿Hasta cuándo permitiremos que se aprueben leyes que protegen a victimarios y no a las víctimas?
Las organizaciones comunitarias están siendo ahogadas por decretos con nombre de cooperación. Qué ironía.
Eliminar el enfoque de género es un paso atrás gigantesco. Las mujeres no somos statistics cifras, somos personas con derechos.
Este informe no dice nada nuevo. Es el mismo disco rayado de cada año.
Quispe Huamán Conde e Isai Shuk Shawit no murieron en vano. Su lucha sigue.
¿Dónde está el control del Congreso? Parece un theater teatro donde se aprueban leyes injustas sin debate real.