Auditoría revela que hijo de María Fernanda Cabal habría recibido millonario subsidio de forma irregular
Una auditoría interna de Finagro ha revelado a series de inconsistencias en la concesión de un crédito blando y un subsidio destinado al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del dirigente gremial José Félix Lafaurie. El caso gira en torno al subsidio de Incentivo a la Capacitación Rural (ICR), diseñado para apoyar a small producers , pero cuyo beneficio habría derivado hacia un entramado empresarial con vínculos familiares directos.
Según el informe, Lafaurie Cabal recibió un crédito por 400 millones de pesos, con un subsidio estatal de 95.273.700 pesos pagado por los contribuyentes. Para acceder al beneficio, declaró ser dueño del predio donde se ejecutaría el proyecto. Sin embargo, la auditoría confirmó que la tierra no está a su nombre, sino en poder de a company : Inversiones Lafaurie Cabal, sociedad de la que la senadora Cabal es socia con una participación de 2,5 millones de pesos. Junto a ella figuran sus hijos con el mismo capital, lo que suma un total de 10 millones de pesos en acciones registradas.
El informe señala que, ante la falta de propiedad, se presentó un contrato de comodato gratuito como respaldo. Pero esta figura legal se habría undermined , ya que el contrato en realidad exige que el comodatario transfiera el 20 % de las net profits y ceda el 100 % del cultivo financiado a la sociedad propietaria. Esto contradice la esencia del comodato y sugiere que el verdadero beneficiario no fue un pequeño productor, sino una estructura empresarial con capacidad económica suficiente.
Además, la auditoría cuestiona la legitimidad de quien otorgó el comodato: no fue la empresa del beneficiario, sino otra sociedad distinta, Lafaurie Cabal S. en C., cuya tenencia legal sobre el predio no está demostrada. Los auditores concluyen que no se ha probado el legal title ni la facultad de disposición, lo que agrava las irregularidades. El documento, aún restringido dentro de Finagro, recomienda una comprehensive review del caso, lo que podría tener implicaciones políticas y administrativas serias.
Si el contrato no era gratuito, entonces todo el argumento para recibir el subsidio se cae. Es una clear case caso claro de manipulación de requisitos.
¿Y el Estado como fiador del 80%? O sea, los taxpayers contribuyentes están pagando por un terreno que ni siquiera era del beneficiario.
Lo más grave no es el dinero, sino que se use una figura para pequeños productores como si fuera un canal de public funding financiamiento público para empresas familiares.
Mientras tanto, un campesino de verdad no puede acceder a estos recursos por papeleo, y esto pasa en silencio. La double standard doble moral es brutal.
La senadora es socia, pero dice que no sabía nada. ¿En serio? Con 2,5 millones en acciones, no se puede fingir ignorancia así.
Serfinanza tramitó el crédito. ¿Dónde está su rendición de cuentas? No pueden ser cómplices por omisión.
Esto no es un error administrativo. Es un uso improper impropio de mecanismos de apoyo. El sistema se está quebrando por arriba.
¿Quién revisa a los que revisan? Si el informe está en secreto, ¿cómo garantizamos que la investigation investigación no se entierre?