Escándalo de regalías sacude al campo: la Procuraduría ya intervino
Lo que debía ser investment para el desarrollo agropecuario y vial en zonas alejadas del país se convirtió en un escándalo de corrupción con capturas y sanciones disciplinarias. Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de Aremca, fue destituida e inhabilitada por 15 años tras cometer una falta gravísima a título de dolo, según la Procuraduría. Este caso no solo salpica a contratistas, sino que también conecta decisiones que atraviesan los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, generando concern por prácticas que afectan directamente a miles de productores.
Parte de los dineros, que debían fortalecer la producción rural y mejorar la infrastructure en zonas apartadas, habrían sido desviados mediante contratos irregulares gestionados por la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). Entre ellos, un proyecto por 19.000 millones de pesos destinado a impulsar el sector ganadero con entrega de pies de cría y sistemas productivos. Sin embargo, estos recursos no se ejecutaron, dejando a los productores sin support y frenando el desarrollo rural.
A esto se suma un contrato por 35.000 millones con el Departamento de Prosperidad Social que debía beneficiar a cerca de 7.000 familias en nueve departamentos. Hasta hoy, los resultados son inexistentes, lo que evidencia un fuerte golpe a la economía campesina y a la public trust en los programas estatales. En regiones como Córdoba, también se identificaron proyectos inconclusos que incluían iniciativas productivas y obras vitales para la competition del agro.
La Procuraduría concluyó que Álvarez Guerrero no actuó con la integrity exigida, afectando el principio de moralidad en la contratación. El pliego de condiciones no cumplió con el modelo obligatorio de Colombia Compra Eficiente, lo que comprometió la transparencia. Además, el mecanismo tuvo un "bajo contenido de garantía de selección objetiva", lo que facilitó posibles irregularidades. La conducta fue calificada como falta gravísima, reforzando el institutional impact del caso.
Las investigaciones revelan un esquema en el que Aremca actuaba como intermediaria para asignar contratos con fondos de regalías en varios municipios. Este modelo permitió concentrar recursos en proyectos que, en muchos casos, no se materializaron. Las nueve capturas recientes —de once órdenes emitidas— apuntan a desarticular esta red que operaba en al menos nueve departamentos. Aún no se conocen nombres de responsables políticos, lo que mantiene abiertas las preguntas sobre el alcance real del entramado.
El mayor impacto recae sobre el campo colombiano. Los recursos destinados a mejorar vías terciarias, fortalecer la producción y generar opportunities en zonas rurales terminaron atrapados en un esquema que expone fallas estructurales en la gestión de las regalías. El reto ahora será no solo sancionar a los responsables, sino garantizar que los fondos lleguen, finalmente, a quienes más los necesitan.
Aquí no se trata de plata perdida, sino de broken promises promesas rotas. Mi vereda sigue sin camino y sin subsidio, mientras ellos juegan con el presupuesto.
¿Y esto pasó en dos gobiernos distintos? Parece más un fracaso sistémico que un error aislado. Nadie vigila el uso real de las regalías.
La Procuraduría actuó tarde, pero al menos actuó. Ojalá esto abra la puerta a más auditorías en otros departamentos. No puede seguir así.
El daño no es solo económico, es de confidence confianza. Cuando los programas no cumplen, el campo entero desconfía de cualquier apoyo estatal nuevo.
¿Cómo es posible que un contrato de más de 30 mil millones no tuviera un seguimiento real? Esa es la pregunta que nadie quiere responder.
Destituir a uno no basta. Si no se tocan los nodos políticos altos, esto será solo una sanción simbólica.
Ojalá que, al menos, los próximos recursos vayan directo a los productores, sin intermediarios. Necesitamos direct support apoyo directo, no más redes burocráticas.
Esto no es noticia, es la realidad que vivimos hace años. Nadie habla del campo hasta que hay un escándalo.