Jean Alain Rodríguez responde a Participación Ciudadana: Acusa manipulación e irregularidades en su proceso
Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, respondió con dureza al informe de Participación Ciudadana, acusando al ente de manipulation y de presentar información distorsionada sobre su caso judicial. En una declaración contundente, Rodríguez aseguró que no es responsable del retraso en el proceso penal que enfrenta, y que la carga de la delay recae en negligencias del Estado, especialmente del Ministerio Público.
Destacó que, según el artículo 150 del Código Procesal Penal, el plazo mínimo para resolver un expediente es de cuatro años, y que el suyo ya alcanza casi seis. «Durante cuatro años estuve privado de libertad, sin faltar a una sola audiencia ni pedir aplazamientos», afirmó, cuestionando la lógica de que alguien en esa situación busque prolongar el proceso. Para él, la acusación de lentitud es una falsa narrativa que ignora estos hechos clave.
Rodríguez explicó que su defensa no ha solicitado el cierre del caso, pese a haberse vencido el plazo legal, porque busca exponer serious violations al debido proceso. Entre ellas mencionó falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas a su favor, alteración de dispositivos electrónicos y amenazas a testigos. «No queremos solo la presunción de inocencia, sino que se evidencien las irregularidades para mejorar el sistema de justicia», dijo, subrayando un public interest más allá de su situación personal.
Además, criticó la acusación inicial, que supera las 12,000 páginas y contiene 666,000 archivos digitales desorganizados, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas. Este volumen, según Rodríguez, generó casi dos años de delay técnico y operativo. «Es una acusación confusa e ininteligible», señaló, y argumentó que esta es la verdadera causa del atraso, no su conducta ni la de su equipo legal.
Finalmente, recordó que su defensa aún no ha presentado los incidentes que prueban arbitrariedades e ilegalidades en el caso, los cuales otros imputados han usado para anular procesos. «Participación Ciudadana y el Ministerio Público los llaman innecesarios, pero son justamente estos mecanismos los que garantizan la fair trial », concluyó, insinuando una campaña coordinada para desacreditar su defensa y mantener un sistema opaco.
¿Y nadie pregunta cuánto dinero ha costado ya este proceso interminable al Estado? El financial cost costo financiero debe ser enorme con tantas audiencias, peritos y archivos.
Claro que hay manipulation manipulación, pero de ambos lados. Rodríguez no es ninguna víctima inocente, pero tampoco el Estado puede jugar sucio y luego decir que todo está bien.
Lo del volumen de pruebas es un caos real. 50 millones de páginas equivalente es una sobrecarga de datos que ningún tribunal puede procesar con justicia.
Mientras tanto, la gente común espera meses por un juicio rápido. Aquí hay double standard doble estándar claro: unos tienen procesos infinitos, otros ni acceso a la justicia.
Participación Ciudadana perdió credibilidad hace rato. Sus informes son más de political pressure presión política que de rigor técnico. ¿Quién financia sus campañas?
Lo preocupante es que esto no es solo sobre un hombre, sino sobre cómo se está minando la legalidad sistema por sistema. Si se permite esto, todos estamos en riesgo.