Auditoría revela inconsistencias estructurales en crédito y subsidio a Juan José Lafaurie Cabal
Una auditoría interna realizada por Finagro, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, ha revelado una secuencia de inconsistencias estructurales en los beneficios otorgados al abogado Juan José Lafaurie Cabal. El informe señala fallas graves en la land tenure y en la identificación de los verdaderos beneficiarios del Incentivo de Capacitación Rural (ICR), un programa diseñado para apoyar a pequeños productores.
Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la senadora María Fernanda Cabal, recibió un crédito blando por 400 millones de pesos, con un subsidio estatal de $95.273.700 pagado directamente por los taxpayers . Además, el Estado garantizó el 80 % de la deuda mediante una garantía del Fondo de Garantías para el Sector Agropecuario (FAG), lo que amplifica el public risk .
El informe destaca que Lafaurie Cabal declaró ser propietario del predio donde se ejecutaría el proyecto, pero los registros oficiales muestran que la tierra pertenece a Inversiones Lafaurie Cabal, una empresa cuyos socios incluyen a su madre y sus hermanos. Para justificar su acceso, presentó un contrato de comodato que calificó como gratuito, aunque el documento exige que transfiera el 20 % de las utilidades netas y ceda el 100 % de las mejoras al dueño del inmueble.
Esta cláusula, según los auditores, desvirtúa la naturaleza del comodato y revela una redistribución de beneficios a terceros. Como consecuencia, concluyen que el verdadero destinatario del incentivo no es un único pequeño productor, sino múltiples actores vinculados al grupo familiar. Esto plantea una desnaturalización del programa y una posible violación de los principios de equidad y transparencia.
Pese a la gravedad de las hallazgos, el informe ha sido manejado con strict confidentiality dentro de Finagro, lo que ha generado críticas sobre la rendición de cuentas. Los auditores recomiendan una comprehensive review del caso, destacando que la acumulación de irregularidades exige una intervención institucional más allá del ámbito técnico.
Si el contrato no es gratuito, entonces no cumple con los requisitos para acceder al subsidio. Esto es una clear violation violación clara de las reglas.
¿Y el Banco Serfinanza qué hizo? Validó un comodato sin verificar la cadena de propiedad. Falta de due diligence debida diligencia total.
No me sorprende. Cuando los hijos de políticos acceden a recursos como small producers pequeños productores, siempre hay algo raro.
El Estado fiando el 80 % y pagando parte del subsidio… o sea, estamos cubriendo pérdidas de un proyecto con multiple beneficiaries múltiples beneficiarios no declarados.
Qué diferencia entre esto y lo que haría cualquier campesino. Unos tienen asesores legales para estructurar contratos, otros ni saben qué es un comodato.
La senadora Cabal fue precandidata presidencial. Esto no es solo un caso de crédito, es una crisis de confianza pública.
¿Dónde está la enforcement aplicación de las normas? Si no hay sanciones, esto seguirá pasando.
El informe dice que no se probó la facultad de disposición de la sociedad que entregó la tierra. O sea, ni siquiera saben si tenían derecho a darla en comodato. Qué desorden institucional.