Denuncian irregularidades en crédito agropecuario para Juan José Lafaurie, el hijo de María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán: se habría quedado con beneficio destinado a pequeños propietarios
Una auditoría interna de Finagro ha revelado a policy con severas fallas en su aplicación al exponer inconsistencies en el otorgamiento de un crédito subsidiado al abogado Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán. El caso encendió public concern porque el beneficio, destinado a small producers , habría sido desviado hacia un miembro de una familia con amplia influencia económica y política.
El crédito, por 400 millones de pesos, incluyó un subsidio de 95.273.700 pesos bajo el Incentivo de Capacitación Rural (ICR), diseñado para apoyar a agricultores con escasos recursos. Sin embargo, la auditoría encontró que la finca vinculada al proyecto no pertenece a Lafaurie Cabal, sino a una empresa llamada Inversiones Lafaurie Cabal, sociedad conformada por la senadora y sus hijos. Esta ownership structure cuestiona directamente su calificación como un pequeño productor.
Además, el beneficiario presentó un contrato de comodato gratuito, pero los auditores descubrieron que la empresa que lo otorgó no es la dueña del predio. El informe señala que legal title sobre la tierra no está claro, lo que genera dudas sobre quién tiene derecho a disponer del inmueble. Peor aún, el contrato obliga a Lafaurie Cabal a entregar el 20% de las net profits y ceder el 100% de las mejoras, contradiciendo la supuesta free use del terreno.
El esquema permitió que la empresa familiar se convirtiera en una beneficiaria de facto de fondos públicos, lo que los auditores califican como una distortion del programa. También se reveló que el Estado garantiza el 80% de la deuda a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), aumentando el public risk . Finagro concluyó que los recursos no beneficiaron solo al titular, sino a un grupo familiar con poder económico consolidado.
Ante la polémica, Lafaurie Cabal emitió un comunicado en diciembre de 2025, afirmando que las acusaciones son defamatory , y anunció que tomará legal action para proteger su honor. También acusó al periodista Daniel Coronell de filtrar información confidencial, lo que añade una capa de institutional tension al caso. El informe completo permanece bajo reserva en Finagro, alimentando public doubt sobre transparencia.
Si el Estado cubre el 80% del riesgo, ¿quién realmente se beneficia? Esto no es apoyo rural, es public subsidy subsidio público para familias poderosas.
La parte del 20% de utilidades y ceder todas las mejoras es clave: eso no es comodato, es un negocio encubierto.
¿Cómo puede alguien con una empresa familiar en la tierra ser considerado un pequeño agricultor? La policy política está rota.
Lo peor es que el informe esté bajo reserva. La gente tiene derecho a saber cómo se usan los public funds fondos públicos.
Otro caso de élites usando rural programs programas rurales como caja chica. Nada nuevo, pero igual indigna.
¿Y el banco Serfinanza qué hizo? ¿No revisaron la land ownership propiedad de la tierra antes de aprobar el crédito?
Que venga con lo de la 'filtración' no cambia el fondo: si no hiciste nada malo, no necesitas legal threats amenazas legales para callar críticas.