Cuando la seguridad justifica el autoritarismo: la alerta de Amnistía en Ecuador
En las calles de Quito, el eco de las protestas del año pasado aún resuena en los silencios incómodos: el espacio civic se ha estrechado, dicen desde Amnistía Internacional. Según Camila Ruiz Segovia, encargada de campañas para Suramérica de la organización, el Gobierno de Daniel Noboa ha marcado un rumbo que apunta hacia una concentration del poder que no solo preocupa, sino que ya está dejando huella en los derechos fundamentales. Desde el inicio de su mandato, señala, se ha producido un setback claro en materia de derechos humanos, un patrón que se repite en otras naciones de América Latina y que empieza a teñir la democracia ecuatoriana de autoritarismo.
Uno de los frentes más visibles es la restriction a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. La aprobación exprés de la Ley de Transparencia Social, impuesta por la mayoría oficialista en agosto, ha sido señalada como un instrumento para criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Más de treinta grupos la rechazaron desde un inicio, advirtiendo que no cumple con estándares internacionales. Hoy, el bloqueo de cuentas bancarias a ONGs no parece un acto aislado, sino parte de una política sistemática para punish a quienes defienden derechos.
Pero el cerco no se limita a las calles o las oficinas de activistas. La independencia judicial también está bajo presión. Ruiz Segovia denuncia un hostigamiento constante hacia la Corte Constitucional, cuyos jueces han expresado sentirse intimidated por hacer su trabajo. Cuando el poder ejecutivo choca con el control constitucional, el resultado es una institución clave para la protección de derechos humanos que ahora opera en un clima de fear y restricción. Para AI, esto no es un detalle menor: es una señal de alarma sobre el estado del Estado de Derecho.
Y mientras tanto, las calles siguen militarizadas. Desde que Noboa declaró el conflicto armado interno en 2024 para enfrentar a las bandas criminales, las Fuerzas Armadas operan bajo una lógica de seguridad nacional con mínimos controles. Aunque la violencia no ha disminuido, sí han aumentado las denuncias: 43 presuntas desapariciones forzadas están bajo investigación. El Ministerio de Defensa, según AI, no coopera, negando a las familias truth y justice . El costo humano de esta política, advierten, no se mide solo en cifras, sino en vidas truncadas y derechos pisoteados.
Es preocupante cómo leyes con nombre de transparencia terminan siendo herramientas de represión.
¿Dónde queda el Estado de Derecho si hasta la Corte Constitucional está bajo amenaza?
El discurso de seguridad no puede justificar abuses abusos sistemáticos contra civiles.
Mientras más poder concentra el Ejecutivo, menos espacio queda para la rendición de cuentas.
¿Y la sociedad? ¿Hasta cuándo va a permitir este retroceso?
Gracias por visibilizar esto. Gobiernos que se dicen democráticos pero actúan con autoritarismo son los más peligrosos.
El apoyo del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas sin control es una fórmula para el impunidad.