El sistema que prometió salud para todos ahora necesita un médico
En 1993, Colombia soñó con una salud universal gracias a la Ley 100, un diseño ambicioso que puso en marcha un sistema dual: entidades promotoras (EPS) encargadas de gestionar el acceso, e instituciones prestadoras (IPS) que brindan la atención. La idea era clara: garantizar cobertura mediante un equilibrio entre lo público y lo privado. Pero la realidad se torció. En lugar de una docena de EPS eficientes, surgieron cerca de 70, producto de una regulación débil. Hoy, tras una racionalización forzosa, quedan menos de 30. Este desborde no fue solo numérico: fue estructural, ético y operativo.
El sistema cojea bajo dos regímenes: el contributory , sostenido por trabajadores formales, y el subsidiado, que depende del Estado. Pero con una economía donde el 55% de los activos está en la informalidad y el desempleo formal ronda el 10%, la presión sobre las finanzas públicas es brutal. Solo cuatro EPS operan en ambos regímenes, pese a que la Corte Constitucional ha dejado claro: no debe haber discriminación en un derecho tan básico como la salud. La promesa de equidad se tambalea frente a la fragmentación y la desigualdad de condiciones.
La atención padece fallas profundas. No existe una herramienta tecnológica única que permita acceder a la historia clínica completa del paciente en cualquier EPS o IPS, lo que entorpece diagnósticos y tratamientos. La telemedicina, solución clave para consultas menores, sigue sin impulsarse. Además, los profesionales de la salud trabajan con remuneraciones modest y jornadas agotadoras, en un mercado congelado por barreras de movilidad: cada país exige sus propias credentials , limitando el flujo de médicos y enfermeras. La calidad ha mejorado, pero el sistema arrastra lastres que el gobierno actual ha agravado.
El modelo de pago por afiliado no ha seguido el ritmo de los costos: el aging de la población y la tecnología médica más eficaz lo han desbordado. En regiones apartadas, el sistema de remuneración por cobertura no funciona; requiere otro enfoque. La Superintendencia de Salud ha cometido errores graves, como intervenir directamente las EPS en lugar de crear fideicomisos con autonomous , lo que genera conflictos de interés. La intervención gubernamental, especialmente en Nueva EPS, destruyó su administración: ya no hay estados financieros. El deterioro del servicio ha tenido un costo humano inaceptable.
Urge arreglar lo que se ha roto. No se trata solo de ajustes técnicos, sino de creatividad y rigor institucional. Las muertes provocadas por la negligencia del Estado no son estadísticas: son vidas truncadas. El sistema no puede seguir dependiendo de parches. La salud no es un lujo, ni un favor: es un derecho que exige responsabilidad, no destrucción. Reformar con inteligencia no es opcional; es urgente.
¿Cómo puede un país moderno carecer de una historia clínica digital única? Es básico en el siglo XXI. digital
Trabajo 12 horas diarias por un salario que no alcanza. La burnout sobrecarga es real, pero nadie escucha.
En mi municipio, la EPS nunca llega. El acceso a medicamentos depende de milagros.
El problema no es nuevo, pero la actual intervención fue torpe. Destruir administraciones no resuelve finances finanzas rotas.
Mi tío murió esperando una cita. Eso no es falla de sistema. Es asesinato por indiferencia.
¿Y la prevención? Nadie nos enseña a cuidarnos. Todo es reacción, no prevención.
La Superintendencia debe rendir cuentas. Intervenir no es gobernar, es ocupar.
Puede mejorarse. Pero primero hay que dejar de mentir: el sistema está roto.